Estamos viviendo el peor momento de la crisis general de la sociedad peruana generada por más de 30 años de neoliberalismo implementado por la dictadura fujimorista con su constitución de 1993 y por los demás gobiernos de turno que siguieron el mismo camino. De esa crisis generalizada responden los grupos de poder económico y político que pugnan por obtener los mayores beneficios de ese neoliberalismo capitalista.
El gobierno fantoche de Dina Boluarte y el congreso derechista, amparados por las Fuerzas Armadas, para seguir manteniendo su pleno control estatal están asesinando impunemente y a mansalva a decenas de hijos del pueblo que rechazan la hipócrita democracia burguesa y demandan cambios a través de una asamblea constituyente. Con crueldad y cobardía han dispuesto las matanzas usando armas de guerra, francotiradores, ataques desde helicópteros y uso de munición prohibida asesinando casi simultáneamente en Apurímac, Ayacucho, Cusco, Arequipa, La Libertad, Junín y Puno, 7 regiones atacadas militar y policialmente en solo un mes matando a 50 ciudadanos e hiriendo a centenares.
Frente a la crisis general, la corrupción generalizada y la matanza del covid-19 producto del capitalismo neoliberal, el pueblo peruano expresó su contundente rechazo y exigencia de cambio movilizándose, rompiendo los confinamientos y exigiendo una asamblea constituyente popular. Su lucha en un primer momento se expresó en la elección de un maestro rural como presidente lo que significó un voto de rechazo a la crisis general de la sociedad peruana. Pero las clases explotadoras y opresoras con sus fuerzas armadas y policiales usando todo su poder económico, político y de control de las instituciones estatales y los medios de comunicación llevaron a cabo una campaña de demolición contra el presidente Castillo, lo persiguieron, destituyeron, apresaron y pusieron a Dina Boluarte como títere de sus perversos intereses.
Ante eso, la protesta popular entró a un segundo momento con formas de lucha más avanzadas en contra del golpe ultraderechista que ha sacado al presidente que ellos han elegido y exigen una asamblea constituyente auténticamente popular donde se escuchen sus planteamientos y planteen sus reivindicaciones. ¿Por qué eso va a ser malo? Eso es bueno y posible. Pero el gobierno antipopular responde con estado de emergencia y saca a las Fuerzas Armadas a matar a los manifestantes que solo lanzan piedras o expresan su indignación contra el poder judicial y la fiscalía. ¡No se les puede matar por eso!
Luego de la última masacre en Puno, el retrógrado primer ministro Otárola declaró el día 10 con el mayor cinismo, justificando las matanzas, que hubo “un ataque organizado, sistemático, de vandalismo y de organizaciones violentas” para “subvertir el orden constitucional” y “dar un golpe de Estado en el país”; ridículamente dijo que “azuzadores y violentistas” han querido tomar el ”aeropuerto de Juliaca con el fin de evitar que lleguen medicinas” para agregar torpemente que quien “coordina estas movilizaciones para buscar impunidad” es Pedro Castillo. Al final, terminó amenazando que no permitirá que “la asonada que pretenden hacer contra Lima se haga efectiva”. Mientras tanto la Boluarte decía estúpidamente que no sabe lo que el pueblo pide. Ese es el despreciable primer ministro de una despreciable presidenta de la república que el pueblo demanda que renuncien y paguen por sus crímenes.
Al día siguiente, el 11, en Cusco la policía asesinó al secretario general de la Federación Campesina de Anta en medio del enfrentamiento en los alrededores del aeropuerto de Cusco. El día 12 detuvieron a los dirigentes del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho. Antes habían detenido a más de 100 en Lima, sumado a los cientos de detenidos en diversas partes del país.
Pero los muertos, heridos, presos, amenazas solo están atizando la lucha popular que se intensifica en el sur y crece a otras regiones, incluida Lima. La presidenta, el Congreso, las fuerzas represivas, la prensa nacional son rechazados masivamente por la población peruana, hay total condena al golpe de la ultraderecha congresal mientras el requerimiento de una asamblea constituyente ha crecido inmensamente. Sintomática es la constatación que el día 10 había 44 puntos de tránsito interrumpido mientras el 13 había 88 bloqueos en costa, sierra y selva del país.
Esta gran lucha popular lo que expresa es el rechazo a los 200 años de república falsamente democrática y 30 años de neoliberalismo capitalista y cuya perspectiva no debe ser otra que el socialismo. Pero justamente su mayor limitación está en la carencia de dirección proletaria que conduzca el camino del pueblo. El revisionismo y oportunismo de diverso pelaje buscan encarrilar la lucha dentro del sistema capitalista centrando en pacifismo, nuevas elecciones, cambio de autoridades y hasta asamblea constituyente, todo ello dentro del orden burgués. Una verdadera asamblea constituyente tiene que ser con representantes auténticos del pueblo y no restringido a los partidos tradicionales, tiene que llevarse a cabo sin presos políticos ni persecución política alguna, debe ser una constituyente para el pueblo que redacte una nueva constitución desechando el neoliberalismo y defendiendo y ampliando los derechos del pueblo partiendo por su derecho fundamental de insurgencia frente a un régimen opresor.
La lucha no es de provincias contra Lima ni de indios y cholos contra blancos. La lucha es del pueblo explotado y oprimido contra sus explotadores y opresores capitalistas. Es una lucha de clases, no de razas. Los obreros, los campesinos y los demás trabajadores son la gran mayoría del país y ellos están hablando y actuando. Ya no quieren seguir sufriendo como hasta hoy y demandan una asamblea constituyente popular; mientras los parásitos burgueses dueños del país no pueden gobernar como hasta ahora y recurren a una dictadura abierta con matanza del pueblo que han pretendido cubrir con su fracasada marcha por la “paz de los cementerios”.
Rechazamos totalmente que se acuse con falsía de que los exprisioneros políticos son violentistas que están dirigiendo las protestas; que se haga campaña siniestra mostrando algunas fotos de exprisioneros participando en las movilizaciones. Ese es su derecho constitucional como el de cualquier ciudadano. Más aún, recientemente el Tribunal Constitucional ha resuelto que los exprisioneros rehabilitados pueden participar en política. Eso no es ningún delito. Delito es lo que hace la Dircote al terruquear, sembrar pruebas, perseguir y apresar sin justificación alguna como hizo con el centenar de activistas sociales detenidos en el caso Olimpo. La Dircote se está convirtiendo en una agencia de empleo de soplones y al no haber violencia terrorista no tiene razón de existir.
Para salir de la actual crisis y avanzar en la democratización de la sociedad solo hay un camino viable hoy día: la asamblea constituyente con el pueblo y para el pueblo. La represión policial y militar es el camino de los explotadores para mantener su dominio, su corrupción sin par y aumentar sus riquezas malhabidas, lleva a profundizar la crisis y hundir a las masas populares. El camino revisionista electorero para seguir actuando dentro del sistema capitalista solo refuerza la opresión; la secesión no favorece al pueblo sino al imperialismo que quiere más países pequeños y débiles. No dividir América Latina, por el contrario, avanzar en unirnos desde México hasta el sur de Chile contra toda injerencia imperialista y por una real soberanía popular.
El marxismo nos enseña que la lucha de clases es el hilo conductor de la historia y que solo el pueblo es la fuerza motriz que hace la historia mundial. Nuestro Presidente Gonzalo vive en la lucha del pueblo peruano. El capitalismo no prevalecerá, por el contrario, marcha a su hundimiento. El socialismo es el futuro luminoso de la humanidad.
Enero de 2022 Comité Nacional de Prisioneros Políticos y de Guerra del Perú
Prisioneros Políticos y de Guerra del Perú 