En este 17 de abril, Día internacional del prisionero político, denunciamos la persistente persecución contra los prisioneros que se da con la aplicación de medidas represivas tendientes a negarles la libertad, incumpliendo con la “temporalidad” de la cadena perpetua, que en el Perú significa revisar la condena a los 35 años de prisión efectiva del prisionero; abriendo nuevos procesos judiciales; y manteniendo las condiciones de prisión diseñadas para anular la personalidad del individuo impidiéndole desarrollarse intelectual, laboral, afectiva, social y hasta familiarmente, negando los derechos consagrados en la Carta constitucional antes conocidos como las TRES R (reeducación, rehabilitación y resocialización) que durante las tres décadas de neoliberalismo vienen siendo arrasados, vetados para los prisioneros cuya causa está relacionada con el interés de las inmensas mayorías.
Y por increíble que parezca, contra los prisioneros que cumplen prisión a perpetuidad el Estado mantiene vigente la macabra ley para apoderarse de sus restos y desaparecerlos, desplazando el sufrimiento hacia los deudos, avasallando su derecho de disponerlos según su voluntad; como ya lo hicieron una vez, sacando una ley exprés, con nombre propio, de aplicación retroactiva contra el que fue el prisionero Abimael Guzmán Reinoso, crimen impune hasta hoy.
Desde otro ángulo, también nos manifestamos contra la persecución de los ciudadanos que cumplieron condena y se desenvuelven en libertad. Contra ellos se está orquestando un siniestro plan para apresarlos y condenarlos de por vida. La campaña ya la vemos en los llamamientos que hacen personajes relacionados a la policía política, incluyendo elementos cesados ya, pero que buscan protagonismo cada año demandando retribuciones de la ciudadanía por la supuesta gloria de haber capturado a la dirigencia del PCP ¡hace 32 años!
No es el mismo tratamiento ni leyes que funcionan para delitos que involucran la vasta corrupción de las esferas de poder. Por ejemplo, delitos comunes cometidos por congresistas o no son juzgados o se posterga la ejecución de la sentencia con prórrogas fuera de la ley como esperar en libertad la sentencia en la última instancia.
Rasero que “no aplica” para ciudadanos a los que se procesa y juzga por razones políticas y/o sociales como es el caso de profesionales del derecho a quienes perversamente se identifica con la acusación del patrocinado.
Similar situación de persecución viven los prisioneros de América Latina y este conjunto de vulneración de derechos se profundiza con el hostigamiento a sus abogados. Para ellos hay un tratamiento de hostilidad constante, como es actualmente el hostigamiento que el gobierno argentino despliega contra miembros de la organización Gremial de Abogados de Argentina con la que expresamos nuestra plena solidaridad.
¡No a la persecución de los profesionales del Derecho!
¡No a la persecución de los ex prisioneros!
¡Por la libertad de los prisioneros políticos del Perú y el mundo!
Abril del 2024 Comité Nacional de los Prisioneros Políticos y de Guerra del Perú
Prisioneros Políticos y de Guerra del Perú 